Tegucigalpa, Honduras. El movimiento Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) presentó ante la firma internacional de abogados Central Law los documentos que explican porqué es una amenaza el proyecto de las ZEDE en el país.
El defensor ambiental sostiene que el objetivo es hacer incidencia para poner en contexto a organismos internacionales sobre lo negativo que son las ZEDE y que es un proyecto lesivo a la soberanía.
Adelantó que en la entrega participará la Vía Campesina, Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).
“El señor Ebal Díaz propuso una reforma a la Ley Orgánica de las ZEDE. Eso les da mayores facultades en materia de exoneraciones de impuestos y beneficios fiscales”, aseveró Cristofer Castillo, coordinador de la organización.
Sobre el tema, el abogado Enrique Ortez también advirtió que cuando existen antecedentes de gente “condenada” por narcotráfico “podría fijarse un territorio como centro base para el narcotráfico”.
Entre la disidencia, la diputada Doris Gutiérrez dijo que la venta del territorio nacional es algo inconstitucional, asimismo adelantó que “un Estado dentro de otro Estado” es una completa aberración contra los intereses ciudadanos. No obstante, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, asegura que las ZEDEson “el mejor mecanismo para generar empleo” en el país.
¿Qué son la ZEDE?
Las ZEDE tienen personalidad jurídica y están autorizadas a establecer sus propias políticas y normativas, con el propósito crear condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables.
Las ZEDE gozan de autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios. Contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas, los que podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, debiendo garantizar los principios constitucionales de protección a los Derechos Humanos.
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