ONU condenó la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez

Intibucá, Honduras.- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), informó en un comunicado que condena la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez.

El pronunciamiento indica “la OACNUDH, condena la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez, quien se encontraba en custodia policial tras haber sido detenida por agentes de la Policía Nacional en la Esperanza, Intibucá”.

Agregó, “en seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso, ocurrido el 6 de febrero, OACNUDH considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de Muertes Potenciales Ilícitas”.

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La estudiante de enfermería murió el domingo en una estación policial luego de haber sido detenida junto a su acompañante el médico Enrique Aguilar Cerrato, supuestamente por escandalo en la vía pública en estado de ebriedad en horas de la noche del sábado, irrespetando el toque de queda que rige el país a efectos del covid-19 según la versión de los agentes de la policía.

En ese sentido el organismo de las Naciones Unidas instó a las autoridades a desarrollar sin delación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhausta, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos.

El comunicado explicó “tratándose de una muerte violenta de una mujer que pudo ser cometida por razones de género, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio y conducir de acuerdo con los criterios de profesionalidad y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios”.

El documento apunta “el protocolo que indica que, en los casos en que exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de esas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales.

La comisión de la ONU de los derechos humanos se solidariza hacia la familia de la víctima y exige a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la no repetición de los hechos concluyó.

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